La suspensión condicional del procedimiento, junto a los acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima, constituyen instrumentos que permiten prescindir de la persecución penal íntegra en aquellos casos en que no se considera aconsejable la aplicación de una pena. Se les denomina genéricamente “salidas alternativas”. En lo específico, la salida alternativa surge a raíz del acuerdo entre fiscal y la persona imputada, que es sometido a la aprobación del juez competente, quien, en el evento que lo apruebe, establecerá la o las condiciones que el adolescente deberá cumplir durante un plazo determinado. Dicho plazo no puede ser inferior a un año ni superior a tres. Si el adolescente, durante este período, incumple injustificadamente la o las condiciones impuestas o es formalizado nuevamente, el juez, a petición del fiscal o de la víctima, revocará este “beneficio” y el procedimiento continuará de acuerdo a las reglas generales, es decir, se hará un juicio. Por el contrario, si se cumple el plazo fijado por el juez, sin que se hubiere revocado la suspensión, se extinguirá la acción penal, debiendo el juez, de oficio o a petición de parte, dictar el sobreseimiento definitivo. La población de éste programa corresponde a imputados.