Consiste en el cumplimiento de una sanción penal dictaminada por un juez, en la cual el adolescente debe ingresar a un programa ambulatorio con intervención personalizada a cargo de un delegado de libertad asistida(1). Estos programas requieren la asistencia del joven a actividades educativas, de terapia, de promoción de derechos, de participación, y su asistencia regular al sistema escolar o de enseñanza que le corresponda. Para dar cuenta de esta sanción se elabora un Plan de Intervención Individual (PII) a partir de una evaluación o diagnóstico, estableciendo objetivos acordados con el adolescente, los que se asumen como metas socioeducativas para su futura reinserción social. Este plan debe ser aprobado por el juez competente al igual que las modificaciones que se hagan a partir de la evaluación periódica. Además en la elaboración del Plan deberá contarse con la participación y acuerdo del adolescente. El Plan establece obligaciones para el adolescente y orienta la acción del delegado, detallando explícitamente los compromisos a los que el/la adolescente estará sujeto a control. Los objetivos del plan deberán ser evaluados permanentemente y los resultados de esta evaluación podrán reorientar las acciones de intervención con miras a la reinserción social. La población de éste programa corresponde a condenados.